Publicado el 20/06/2025 por Administrador
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El país se encuentra conmocionado tras el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio durante un acto público en Bogotá. La Fiscalía General de la Nación ha determinado que el ataque no fue un hecho aislado, ni producto de un conflicto personal, sino que todo apunta a que estuvo motivado por razones políticas.
Así lo confirmó la fiscal encargada del caso durante una reciente audiencia, en la que detalló que el ataque se produjo mientras Uribe ofrecía un discurso en el marco de su campaña. “Se evidencia que este atentado se da en el contexto de su actividad como senador y precandidato presidencial”, afirmó, subrayando que no hay indicios de que el crimen tuviera un trasfondo distinto al político.
Hasta ahora, cuatro personas han sido capturadas por su presunta vinculación con el hecho. Entre ellas se encuentra el autor material, un menor de 15 años, que habría utilizado una pistola Glock 9 mm modificada para disparar en ráfaga. Además, los investigadores encontraron restos balísticos de una segunda arma, una Jericho, lo que sugiere la participación de otro tirador.
La investigación también ha revelado que Uribe había alertado previamente a la Unidad Nacional de Protección sobre amenazas en su contra, especialmente por su postura crítica frente al Gobierno de Gustavo Petro. Estas advertencias, según la Fiscalía, refuerzan la hipótesis de una motivación política detrás del ataque.
Por su parte, el presidente Petro ha pedido cautela en las declaraciones públicas. Aunque reconoció la gravedad del hecho, subrayó que no se debe apresurar la adjudicación de responsabilidades. Según él, no hay evidencia concluyente sobre los autores intelectuales, y consideró posible la implicación de estructuras criminales ligadas al microtráfico.
El atentado dejó un saldo de al menos tres personas heridas y ha generado una ola de repudio nacional e internacional. Miguel Uribe permanece en estado delicado tras someterse a varias cirugías. Las autoridades han reforzado la seguridad de todos los precandidatos presidenciales y el Gobierno ha ofrecido una recompensa de 3.000 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento del caso.
Este episodio revive viejas heridas en la historia política de Colombia, marcada por décadas de violencia contra líderes y candidatos. De cara a las elecciones de 2026, el atentado refuerza la urgencia de proteger el proceso democrático y evitar que las diferencias políticas deriven en violencia.
La Fiscalía continuará con las investigaciones para determinar si hubo autores intelectuales y qué redes criminales podrían estar detrás del ataque. Por ahora, el país observa con preocupación el rumbo de la campaña electoral en un clima de creciente polarización y amenazas latentes.
